Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2025 (@MinAgricultura – @UPRAColombia). En la audiencia pública realizada en la Corte Constitucional sobre las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y la autonomía territorial, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, expuso ante la magistratura diversos argumentos técnicos, jurídicos y sociales que respaldan la necesidad de esta determinante del ordenamiento territorial en el país.
Entre ellos, destacó las alarmantes cifras de degradación del suelo agrícola en Colombia y en el mundo, los alcances de la determinante en materia de autonomía territorial y su objetivo principal: garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos y preservar las tierras más aptas para la producción.
“Atendiendo la citación de la Corte Constitucional, el Ministerio de Agricultura ratificó la necesidad, la pertinencia y la proporcionalidad de una medida que está dirigida a proteger los suelos agropecuarios (…) Es el momento oportuno para tomar acciones preventivas que garanticen que los 2 millones de hectáreas de suelos con capacidad agrológica mantengan sus condiciones. De lo contrario, veremos el incremento del precio de los alimentos y la degradación del tejido social de la agricultura campesina”, destacó la jefa de la cartera agropecuaria.
Juan Pablo Sandoval, director de la UPRA, entidad que se encarga de apoyar técnicamente al Ministerio en la identificación de las APPA, reafirmó la necesidad de proteger el suelo para la protección de alimentos, sumándose a las palabras de la jefa de la cartera: “La ministra explicó que, a través del tiempo, se ha venido perdiendo ese suelo para la protección de alimentos y que, de no hacer algo, en el futuro ya no vamos a tener suelo rural. En ese orden de ideas, las APPA son una figura fundamental para lograr ese propósito”.
Vale indicar que Colombia ya no cuenta con suelos de clase agrológica I, es decir, los de mayor aptitud para la producción de alimentos. Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), en 1973, cuando se realizó el primer inventario de suelos, el país contaba con 172.000 hectáreas de esta clase agrológica. Sin embargo, en el 2012, ya no existían suelos con dicha clase agrológica.
Además, Colombia solo registra 3,2 millones de hectáreas de suelos productivos (que corresponden al 2,8 % de los suelos nacionales) que son de la clase agrológica II y III.
Las APPA no modifican las facultades constitucionales de las entidades territoriales ni de los concejos municipales
La ministra también recalcó que las APPA no vacían o limitan las competencias de los municipios en cuanto a su autonomía territorial, ya que ellos conservan —como lo hacen con las determinantes ambientales—, la posibilidad de regular y de reglamentar los usos específicos del suelo: “Nosotros no cambiamos ni definimos uso del suelo. Esa es una competencia de los entes locales. Nosotros les entregamos los lineamientos técnicos para proteger sus suelos rurales”, aclaró Carvajalino Villegas.
Liz Ávila, habitante del municipio de Falan (Tolima) y asistente a la audiencia, fue una de las representantes de las comunidades que respaldó la determinante, al señalar que “en el futuro ya no vamos a tener suelo rural para protegerlo. Por eso, las APPA son una figura fundamental para lograr ese propósito. Se han dado argumentos muy importantes (…) Nosotros consideramos que, en efecto, una figura como las APPA no viola la autonomía territorial”.
Más de 600 reuniones de coordinación con actores clave
El proceso de identificación de las APPA ha generado 607 espacios de diálogo con 6.996 participantes, de los cuales 406 reuniones de coordinación han sido con autoridades territoriales (2.114 asistentes) y 201 socializaciones (4.882 asistentes) con la comunidad, así como diferentes actores de territorio, entre 2023 y 2025, asegurando transparencia y participación.
Adicionalmente, las APPA se han trabajado en articulación entre el sector agropecuario y el ambiental, por medio de 31 mesas de trabajo en 63 municipios, analizando 185 figuras ambientales con entidades como la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), entre otras.
Tomado por: Agricultura