Los productores de algodón del país expresaron su rechazo al proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Hacienda, que plantea modificar el Arancel de Aduanas para insumos y materias primas del sector de confecciones.
La propuesta contempla reducir de 10 % a 0 % el arancel aplicable a diversas partidas de hilados con producción nacional, medida que, según el gremio, pondría en riesgo la supervivencia del cultivo.
El presidente de la Confederación Colombiana del Algodón, Conalgodón, César Pardo Villalba, afirmó que “han sido en vano todos los esfuerzos gremiales y llamados a diferentes gobiernos para la reactivación del sector algodonero”.
De acuerdo con el dirigente, la decisión “desincentiva la siembra del cultivo y va en contravía de cualquier política de apoyo y comercialización para este sector”, afectando el empleo y los ingresos de agricultores ubicados en Córdoba, Cesar, Sucre, Magdalena, La Guajira, Antioquia y Vichada.
El gremio estima que la expedición del decreto implicaría “la desaparición del mercado interno de la fibra de algodón, estimado en 20 mil toneladas”. Pardo explicó que las pérdidas agrícolas alcanzarían “10 centavos de dólar por libra de fibra de algodón, equivalentes al 13 % de los ingresos de los agricultores”, lo que, sumado a los efectos de la revaluación del peso, generaría “una pérdida total de la cuarta parte de sus ingresos”. La incertidumbre derivada de la medida ha frenado decisiones de siembra y compromete las inversiones en el sector.
Conalgodón advirtió que la iniciativa oficial también afectaría la estrategia de promoción del cultivo como alternativa para los productores de arroz, maíz y soya, sectores que comparten ciclos cortos de siembra.
“El algodón forma parte del sistema de seguridad alimentaria, por sus propiedades biológicas que contribuyen a la limpieza y nutrición del suelo”, señaló el gremio, al destacar que se perdería la oportunidad de ampliar el cultivo hacia nuevas zonas como la altillanura y el piedemonte llanero, donde se han desarrollado proyectos desde hace tres años.
El impacto se extendería a los Fondos Parafiscales de Fomento Algodonero y de Estabilización de Precios, que dependen del recaudo derivado de la producción nacional. “Sin producción no hay recaudo, si quiera para reinvertir los propios recursos del sector”, indicó Pardo, quien agregó que las circunstancias actuales “desmotivan la participación de los agricultores en los espacios de decisión y los comités directivos de los fondos”.
El gremio advirtió además que el decreto tendría un efecto directo sobre el eslabón textil, en particular sobre las tres hilanderías que aún operan en el país. Estas plantas tienen capacidad para procesar 40 mil toneladas de fibra de algodón, pero actualmente utilizan solo la mitad, 20 mil toneladas, de las cuales 8 mil provienen de la producción nacional y 12 mil de importaciones. “El cierre de estas hilanderías representaría una pérdida importante de empleo”, sostuvo Conalgodón.
El gremio señaló que el bajo uso de la capacidad instalada obedece a la competencia con importaciones de hilos de bajo costo provenientes de Asia, cuyos precios se sitúan por debajo de los costos de producción. Los países exportadores se benefician de subsidios, bajos costos laborales y energéticos, y economías de escala que les permiten ofrecer precios más competitivos.
A la presión internacional se suma la revaluación del peso frente al dólar, que ha reducido los márgenes de rentabilidad de la industria nacional. Según Conalgodón, esta combinación de factores consolida la dependencia del país frente a las importaciones de fibra y estimula el uso de materiales sintéticos como poliéster, elastano y otras fibras derivadas del petróleo, lo cual contradice los objetivos de sostenibilidad promovidos por el propio Gobierno.
Finalmente, la Confederación anunció que continuará las gestiones ante el Gobierno Nacional, en conjunto con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y las empresas hilanderas, con el propósito de evitar la implementación del decreto. “Esta medida destruye la producción agrícola y la industria nacional”, concluyó Pardo.
Tomado por: Portafolio